tiempo del oeste

26-09-2023

Rivadavia Primero reclamó que la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia intervengan por el Juzgado de Paz

En la última sesión desde el HCD se solicitó que la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia bonaerenses intervengan para dar solución a la situación irregular que atraviesa el Juzgado de Paz Letrado local, desalojado por la propia Justicia y trasladado de apuro al Centro Cívico. La resolución, impulsada por Rivadavia Primero, hace hincapié en las dificultades que se generan en el servicio para los vecinos y la inacción de la Provincia ante un conflicto que data de años y por el que tuvo que salir el Municipio a poner parches.

El proyecto fue defendido por la concejal Marcela Lescano, quien dejó por un momento la presidencia del cuerpo legislativo para ocupar una banca. La edil señaló la gravedad de la situación dado que el Juzgado, además de intervenir en diversas cuestiones de derecho civil y comercial, atiende temas delicados y sensibles como violencia de género, violencia doméstica o temáticas que involucran a niños.

Según los fundamentos del proyecto, sólo en 2022 se iniciaron un total de 202 causas judiciales en materia civil y comercial, 277 en materia de familia, 220 relacionadas con violencia familiar y género, 41 en materia de faltas y contravenciones y 21 requerimientos a través de oficios y exhortos remitidos por organismos de otras jurisdicciones.

La concejal Lescano también subrayó la falta de pago a defensores ad-hoc, que son quienes por sorteo defienden a personas de bajos recursos, y asesores ad-hoc, también elegidos por ese sistema. Además, señaló que el intendente Javier Reynoso en los últimos años puso a disposición un terreno para construir un juzgado. Y también ofreció a la Corte un inmueble. Jamás recibió respuesta a sus propuestas.

Lescano remarcó la necesidad de una solución a la brevedad teniendo en cuenta los casos de violencia, donde las víctimas deben tener un lugar apropiado para expresar la situación. No deberían tener que hacerlo en lugar donde se comparte el espacio con múltiples dependencias estatales.

También intervino el presidente del bloque de Rivadavia Primero, Mauro Mercado, quien señaló que “otra vez” el Municipio debió salir a responder cuando las papas queman. Consideró que este problema es responsabilidad de todo el estado provincial. Ello, teniendo en cuenta que los recursos de la Justicia van incluidos en el Presupuesto General que elabora el Ejecutivo provincial. Y que posteriormente lo aprueba la Legislatura. Finalmente es la Suprema Corte quien lo ejecuta.

Por esta responsabilidad compartida es que se aprobó un pedido para que el presidente de la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia “fijen una audiencia con carácter urgente con la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, Dra. Leandra López, a efectos de abordar las problemáticas relacionadas con el funcionamiento del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, en materia edilicia y de recursos humanos”. También pidieron al Ministerio de Hacienda para que, junto al de Justicia, arbitre “los medios necesarios a fin de reubicar a inmueble adecuado y acorde a sus necesidades”

Más noticias

28-06-2026

Concurrida muestra del Taller de Ritmo

El Cine Teatro Español fue el escenario de la Muestra Invernal del Taller Municipal de Ritmo. Las alumnas compartieron con el público el trabajo realizado durante esta primera parte del año.

27-06-2026

Gran convocatoria en la Feria de Ciencias

Con una gran participación de la comunidad educativa, se realizó una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología. La misma tuvo lugar en el salón de la Sociedad Española de América.

26-06-2026

Allanamientos simultáneos, secuestro de motos y clausura de un taller mecánico en América

Personal de la Guardia Urbana Municipal, en un trabajo conjunto con la Policía de Rivadavia y con el aporte del Centro Municipal de Monitoreo, llevó adelante este viernes cuatro allanamientos en América. Ello, en el marco de actuaciones vinculadas a presuntas infracciones a la normativa local que sanciona la contaminación acústica y las conductas temerarias; además de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.